Nuestra opinión y la de varios colegas en RCN TV sobre la propuesta del ministro de justicia Néstor Osuna. Interesante también que el Gobierno analice la posibilidad de derogar total o parcialmente (da para una amplia discusión) el artículo 68ª del Código Penal que establece la prohibición de beneficios y subrogados penales. Así mismo debe eliminarse el concepto de peligro para la comunidad como fin constitucional de la medida de aseguramiento, que en aplicación del control de convencionalidad y acorde con los pronunciamientos de la CIDH debe ser inaplicable.